Víctimas incómodas para la Justicia

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La dirigencia política, la academia y gran parte del progresismo denuncian las muertes producidas por la trata, el narcotráfico y la violencia de género, pero silencian las miles de vidas que se lleva el delito común.

(ArgentinosAlerta.org) La doctora en filosofía Diana Cohen Agrest es especialista en temas de ética y presidente de la Asociación Civil Usina de Justicia. Desde hace años viene denunciado el garantismo que favorece a los delincuentes y deja desamparadas a las víctimas del delito. En julio de 2011 perdió a su hijo Ezequiel, de 26 años, cuando fue asesinado de dos balazos al intentar defender a una amiga de un ladrón armado.

Reproducimos en forma sintética algunas de la reflecciones de la Dra. Cohen Agrest publicadas recientemente en La Nación donde la Dra. Cohen Agrest enfatiza el grado de indefección en el que se encuentran las víctimas del delito.

  • El espectro privilegiado por los organismos de derechos humanos va desde la violencia institucional, la violencia de género de mujeres y personas trans hasta la violencia ejercida contra las comunidades indígenas. De más está decir que los derechos en juego en esas problemáticas no pueden ser soslayados. Pero a partir de un imperativo social y moral, se debe reconocer que este corte arbitrario de los derechos humanos deja afuera el derecho a la vida, el primero de los derechos humanos, condición sine qua non de cualquier otro derecho a ejercer.
  • El delincuente tiene a su disposición un defensor público gratuito y muy calificado que lo asiste desde que es detenido hasta que es excarcelado (a menudo, violentando la norma o interpretándola sesgadamente).
  • En cambio, la víctima queda librada a su suerte: debe procurarse ella misma un abogado o recorrer innumerables oficinas públicas hasta encontrar aquella en donde puedan darle patrocinio jurídico gratuito -y esta última opción sólo en el caso de que sea indigente.
  • El derecho penal es un discurso sobre el victimario, y ese saber del victimario implica una ignorancia de la víctima no simbolizada. Una prueba de esta asimetría es que el Código Procesal Penal de la Nación menciona 246 veces el término "imputado" mientras que apenas hay 17 apariciones del término "víctima".
  • Vidas y muertes silenciadas porque el saber jurídico se centra en los derechos humanos de algunas poblaciones vulnerables privilegiadas, mientras que cada vez hay más muertos por un Estado cómplice.
  • Un Estado que no protege a los ciudadanos toda vez que, bajo el paraguas buenista de la presunción de inocencia, excarcela a quien mató, pese a los testimonios de camaristas, testigos y pruebas periciales irrefutables. Y ese testimonio invisibilizado que es el muerto.
  • Así como el Código Penal escatima la mención de la víctima, la retórica de los derechos humanos rechaza la nominación de la víctima de delito común. Y tanto la Justicia como los derechos humanos se sostienen en una farsa discursiva que oculta lo real: la muerte a la vuelta de la esquina, en una entradera, en un bar.
  • Abundan los discursos sobre la violencia de género que, por cierto, denuncian trescientas muertes anuales. Abundan los discursos sobre la trata, que, por cierto, revelan otras trescientas vidas robadas. Lejos de celebrar un festival de aberraciones, lo señalado intenta mostrar que el discurso oficial -salvo excepciones que prometieron transformar los discursos en políticas públicas concretas- silencia las miles de vidas arrancadas, pese a que desde hace años las estadísticas señalan a la inseguridad como la primera preocupación ciudadana.
  • Los funcionarios se empeñan, ahora como entonces, en sostener una red discursiva sin anclaje alguno en una realidad atravesada por las vidas violentadas irreversiblemente. Muy a su pesar, esas muertes incómodas denuncian una intrusión de lo real en un discurso falaz empeñado en promover una producción imaginaria sesgada, parcial, que vela la otra realidad. Esa realidad que la ciudadanía denuncia, pero que, ahora como entonces, la dirigencia se empeña en no ver.

 

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