Muerte "digna": una Corte Suprema inhumana

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Hablar de muerte digna y de quitar la “hidratación y alimentación” a un ser humano, en la misma oración, no deja de ser una contradicción evidente.

Diego Tapia*

(ArgentinosAlerta.org) Hablar de muerte digna, y de quitar la “hidratación y alimentación” a un ser humano, en la misma oración, no deja de ser una contradicción evidente. Antes que el derecho o la política, la realidad determinó que Marcelo Diez dejara este mundo por causas naturales, pero una vez más la Corte Suprema de la Nación demostró que sus miembros están perdiendo la capacidad de hacer justicia porque han perdido la capacidad de reconocer la dignidad humana. Y eso pone en riesgo el derecho a la vida de todos.

Una vez más, los argentinos nos encontramos con una situación que se repite en el tiempo, y que comienza a transformarse en una rutina preocupante. Una vez más, en pocos días, vemos como uno de los poderes del estado se arroga funciones que no le competen, dándole órdenes a las provincias, excediendo el marco de la ley al hacer interpretaciones ambiguas, y dictaminando de una manera muy particular -con fundamentos de dudoso sustento- sobre un tema que es esencial.

Tópico, que merece un tratamiento de carácter mucho más que extenso, y que debería estar imbuido de garantías y principios republicanos y democráticos, que aparecen cada vez más borrosos, en este tipo de determinaciones que se vienen tomando.

El fallo emanado de nuestro Tribunal Superior, de fecha 7 de julio de 2015, (“D., M.A., s/Declaración de incapacidad”) merece un tratamiento especial. No sólo por el aspecto jurídico o por las consideraciones que pudiéramos hacer respecto a las leyes que busca aplicar, sino principalmente porque de fondo se encuentran derechos personalísimos en juego, que son tratados de manera poco fundada.

Esto surge a las claras, no sólo en relación con el derecho local y para con aquellos pactos internacionales que como país hemos suscripto, sino sobre todo para el ciudadano de a pie, al que no le interesa saber cuántos fueron los jueces que firmaron el fallo o quiénes, así como cualquier otro agregado que pudiera haber, sino que se enfoca en lo más importante: qué le sucede a la persona que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, y debe ser tratada con el mayor de los respetos y consideraciones por esa situación especial que está atravesando.

En síntesis, el fallo citado resuelve otorgar una medida de “abstención terapéutica” a Marcelo Díaz, quien se encontraba en estado de mínima conciencia, luego de estar internado durante 20 años por haber sufrido un accidente automovilístico. Dicha “abstención terapéutica” se traduce en la orden que dicta el máximo tribunal, de dejar de otorgarle al paciente la “hidratación y alimentación”, que constituían su principal soporte vital.

Sin duda, el aspecto humano es el centro de la cuestión. Dejar de lado los padecimientos sufridos por los familiares que lo acompañaron durante todo este proceso, sería caer en una desconsideración notable. Pero no podemos quitar del centro a lo que, por la naturaleza misma de la situación que se nos presenta, ya se encuentra ahí: la persona de Marcelo.

Para entender ello, es necesario referir un poco al contexto y, sin perjuicio de que lo más importante es la situación concreta, no dejar de hablar de algunos conceptos técnicos que fueron tratados de una manera, al menos, muy particular por el fallo de la Corte.

El mismo afirma varias cuestiones y hace interpretaciones de leyes vigentes de una manera que llaman la atención, hasta para una persona con conocimientos básicos del derecho.

Es necesario destacar, que una de las leyes centrales que cita -la ley de Derechos del Paciente, n° 26.529-, no se encontraba vigente al momento del inicio del juicio en cuestión, por lo que se configura un caso de aplicación de la ley de forma “retroactiva”.

En palabras más simples, hay principios fijados en nuestro derecho local, y en numerosa normativa internacional, que nos hablan de que las leyes deben ser siempre anteriores al hecho puntual que se trata en un proceso. Aquí, con carencia de fundamentos válidos y sin mucho desarrollo, se decide aplicar la ley sin más miramientos a situaciones acaecidas con anterioridad a su sanción. Cuestión que, más allá del caso puntual, sienta un precedente complejo, ya que abre la puerta a la posibilidad de juzgar hechos por leyes que fueron dictadas con posterioridad, bajo otro contexto y situación. Gravísimo en lo que a materia de garantías constitucionales se refiere.

Pero el centro del problema no es éste. La ley de Derechos del Paciente, además de establecer que no admitirá prácticas eutanásicas (art. 11) y de reducir el marco permitido para que el paciente pueda rechazar determinado tipo de tratamientos (art. 2 inc. “e”), supedita dicha posibilidad a requisitos que en el caso de Marcelo no estuvieron presentes.

Establece, principalmente, que debe respetarse el derecho del paciente a “elegir” cómo quiere que sean los tratamientos recibidos. Esto no es otra cosa que la “autonomía de la voluntad” de la persona. Concepto que es central en el ámbito jurídico, ya que sirve de centro y fundamento para dirimir toda clase de conflictos, de índole civil, contractual y hasta penal, determinando la responsabilidad, entre otras variadas cuestiones; y que, como tal, no puede ser tratado a la ligera.

Dicha manifestación de la voluntad, también puede provenir de las denominadas “directivas anticipadas”, que son aquellas manifestaciones que pudiera haber hecho el paciente antes del incidente; o, como vía excepcional, puede ser suplida por la denominada “reconstrucción de la voluntad”, que es la medida que adopta la Corte en este caso.

Ante la ausencia de cualquier expresión de deseo concreta que hubiera realizado Marcelo cuando se encontraba consciente, la Corte le otorgó la potestad a sus hermanas, para que determinen y “reconstruyan”, cuál hubiera sido la voluntad de Marcelo.

Sin perjuicio de la situación dolorosa por la que claramente atravesaron los familiares durante tanto tiempo, se da lugar a una situación de una gravedad institucional importante, en atención a que se supedita el derecho a la vida, el más importante de los derechos personalísimos, a la decisión e interpretación que pudieran realizar otras personas.

Y esta gravedad se ve ampliamente pronunciada, en atención a que es la Corte la que en el mismo fallo establece que no se deberá “judicializar” más estos casos, cuando es claro que, por lo complejo de la situación, lo que más se requiere es un tratamiento pormenorizado y multidisciplinario del tema, y no reducir los requisitos para dejar de lado los cuidados que mantienen con vida a un ser humano. Ni hablar de que al exceder el marco del caso concreto, y referir a la generalidad de situaciones que podrían presentarse, la Corte ejerce facultades que no le competen, y que atentan contra el principio de la división de poderes.

Sumado a ello, el máximo tribunal repite la misma metodología utilizada en otro tipo de casos en los que derechos esenciales estuvieron en juego, supeditando todo al sistema de la “declaración jurada”. Aparece este instrumento como único requisito ante la ausencia de la voluntad del paciente. Cuestión que torna incomprobable, y veda de toda posibilidad de indagar sobre qué es lo que realmente hubiera querido el paciente.

Podríamos seguir con el análisis jurídico, y hacer referencia a otros requisitos que no estaban presentes en la situación de Marcelo, y que sin embargo el fallo decidió obviar. Pero lo cierto es que más allá del aspecto teórico, se intenta una vez más pasar por lógico algo que no lo es.

Hablar de muerte digna, y de quitar la “hidratación y alimentación” a un ser humano, en la misma oración, no deja de ser una contradicción evidente. Así como también, delegar tamaña decisión a personas que han atravesado años de dolor y angustia por la situación que les ha tocado vivir, con las implicancias subjetivas que lo mismo acarrea.

Sin embargo, y más allá de lo teórico o lo técnico, los hechos puntuales hablan por sí mismos. Antes que el derecho o la política, la realidad determinó que Marcelo dejara este mundo por causas naturales, sin tener que dejar de recibir alimento o agua, y por ende, despidiéndose con una verdadera muerte digna.

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*Miembro del Programa Jóvenes Dirigentes de Frente Jóven

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