Economía

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Libros SÍ: eliminan restricciones kirchneristas al ingreso de libros del exterior

El ex Secretario de Comercio Guillermo Moreno había frenado la importación preocupado por la salida de divisas del país bajo el falso pretexto de resguardar la "seguridad de la población" ante el contenido de plomo de las tintas.

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Aumenta la pobreza en Argentina: 11 millones de pobres y 2 millones de indigentes

El 28,7% de los argentinos quedaron bajo la línea de pobreza en 2014 y el 6,4 % son indigentes.

  • La inflación y falta de creación de empleo impulsan la pobreza a pesar del aumento de planes sociales.
  • Sin estadísticas oficiales de pobreza: "es una medida bastante estigmatizante" (Kicillof).

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Se profundiza el deterioro de las variables económicas

La emisión monetaria para tapar el déficit fiscal alcanza nuevos records, alimenta la inflación y empuja a un nuevo ajuste del tipo de cambios. Se profundiza la recesión.

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Ley de abastecimiento: ¿Argentina rumbo a convertirse en Venezuela?

La nueva ley pretende regir todas las etapas del proceso económico y otorga amplia discrecionalidad a los funcionarios en la formación de precios y aplicación de multas.

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Ocultamiento de la pobreza: estaría entre el 20 y el 30%

Pocos creen en la última estadística oficial que estimó la pobreza en 4,7 % en el primer semestre de 2013. Ahora el Indec dejó de publicar el índice de pobreza.

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Las acusaciones contra el vicepresidente Amado Boudou

Es el primer vicepresidente en funciones acusado de prácticas corruptas. Nunca antes hubo indicios tan contundentes de corrupción de un funcionario tan encumbrado en cumplimiento de su mandato.

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Inflación 2013: 10,9% para Indec y 28,4 % para consultoras

En el mes de diciembre fue de 3,38 por ciento, la más alta de los últimos 22 años. La inflación "oficial" es un tercio de la inflación real.

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Renunció Moreno: irá a Roma (no a Angola)

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Me quiero ir

Pareciera que el Ministro de Economía ya no pudo resistir más las mentiras sobre la inflación: "me quiero ir" dijo quebrado y ofuscado. Mirá el video.

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Crisis de infraestructura: la década perdida

Accidentes ferroviarios, rutas en mal estado, inundaciones y las crecientes importaciones de energía muestran la falta inversiones de largo plazo.

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Cristina Kirchner, más rica que Barack Obama

(AA) En diciembre del 2009, el juez federal Néstor Oyarbide sobreseyó a los Kirchner de los cargos por enriquecimiento ilícito. Heredó 31,6 millones de pesos de la herencia de Néstor Kirchner.

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El impuestazo en Provincia de Buenos Aires

Los más perjudicados serán los pequeños productores: empresas unipersonales y sociedades de hecho que explotan el campo. Estamos en la época de nuestro país con mayor presión impositiva.

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Hay 5 veces más pobres que lo que dice el Indec

(AA) El Barómetro de la Deuda Social Argentina de la UCA muestra que hay 10,8 millones de pobres, cinco veces más que lo que dice el Indec. El 7,4% de los hogares urbanos no cuenta con los ingresos suficientes para acceder a una canasta básica de 1200 pesos.

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Argentina ahogada en la trampa económica del kirchnerismo

(AA) El "modelo" está agotado, no alienta la inversión y va consumiendo stocks acumulados. El "modelo" se quedó sin dólares y los ingresos por la soja ya no alcanzan. Lamentablemente, se vislumbra un futuro con estancamiento, inflación y alta conflictividad social. Cristina Kichner primero habló de “sintonía fina” y ahora dice que “el mundo se nos cayó encima”.

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La Malvinización petrolera

Por Carlos Tórtora

(Informador Público) CFK empezó el año político con una fuerte tendencia a la baja. La tragedia del Once primero y el escándalo Ciccone después pusieron el gobierno a la defensiva. Ayer, sin ir más lejos, el juez federal Claudio Bonadío citó a prestar declaración a Juan Pablo Schiavi y Claudio Cirigliano por la tragedia de Once. La progresiva caída de la actividad económica y la incipiente recesión hicieron el resto. El resultado de este cambio de tendencia fue el descenso de alrededor de 20 punto de la imagen positiva de la presidente.

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YPF: ¿otro coto de caza para "La Cámpora"?

(AA) Con un estilo patotero entre 80 y 100 personas ocuparon el edificio de YPF de Puerto Madero, para apoyar la entrada de Julio De Vido y Axel Kicillof, quienes con un Decreto de Necesidad y Urgencia llegaron a asumir la intervención. Como apoyo a la ocupación suspendieron todas las intranets, los teléfonos y las redes de internet externas.

La presidente Cristina Fernandez decidió enviar un proyecto de ley al Congreso para expropiar el 51% del patrimonio de YPF correspondiente a la española Repsol, quien actualmente controla la mayoría del paquete accionario junto al grupo empresario argentino de la familia Eskenazi que controla el 25% de las acciones. Enrique Esquenazi es la cabeza de un grupo constructor y financiero de estrechos lazos con Néstor Kirchner desde los tiempos en que éste era gobernador de Santa Cruz. Aparentemente, junto a Aerolineas Argentinas, esta empresa pasaría a ser controlada por "La Cámpora".

La iniciativa tiene previsto que, de las acciones expropiadas, el 51 por ciento quede en poder del Estado nacional y el 49 por ciento restante en las provincias productoras de hidrocarburos. Además, declara "de interés público nacional" a la actividad de hidrocarburos del territorio de la República Argentina.

El proyecto, denominado "Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina", sostiene que "el objetivo prioritario es el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos". "El modelo elegido para el futuro de YPF no es de estatización sino de recuperación de la soberanía y control de los hidrocarburos", manifestó hoy Cristina Kirchner en cadena nacional.

La presidenta designó como interventores de la empresa petrolera al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y al viceministro de Economía, Axel Kicillof (La Cámpora).

Mientras se desarrollaba la difusión del proyecto los jóvenes apoyaban con cánticos como "yo... yo soy argentino, soy soldado del pingüino", lo cual contribuyó al clima de euforia que se vivía en el recinto.

Apenas terminó el anuncio presidencial, difundido por cadena nacional, sobre el envío del proyecto de expropiación al congreso, y con un DNU (decreto de necesidad y urgencia) emitido por Cristina Fernandez, se hizo presente en el edificio de Puerto Madero un grupo de entre 80 y 100 personas que ocuparon las instalaciones para apoyar al ministro de Planificación, Julio De Vido que llegó a la torre corporativa para asumir como interventor de la firma. Apenas llegados al edificio suspendieron todas las intranets, los teléfonos y las redes de internet externas.

De Vido fue acompañado de Axel Kicillof , secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, y mostrando un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de la Presidenta que lo designa interventor por un lapso de 30 días, hasta que se concrete la expropiación del 51% de las acciones.

Según pudo saber este medio, el presidente de ENARSA, Exequiel Espinosa , sería designado en el área gerencial a cargo de la producción de petróleo y gas (upstream). La llega de la intervención es acompañada del pedido de renuncia a directores puestos por Repsol.

El DNU firmado por Cristina Kirchner dispone "la intervención transitoria de YPF SA. por un plazo de 30 días con el fin de asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, el abastecimiento de combustibles y garantizar la cobertura de las necesidades del país".

De Vido tendrá "el ejercicio de dicho cargo el Interventor designado tendrá las facultades que el Estatuto de YPF SA. confiere al Directorio y/o al Presidente de la empresa", según plantea del Decreto. Es decir, Sebastián Eskenazi (hijo de Enrique) sería ejectado de su cargo de CEO y gerente general de la firma.

El gobierno español no tardó en responder a la Argentina tras la decisión de Cristina Kirchner de expropiar las acciones de Repsol en YPF. Para la gestión de Mariano Rajoy, la medida "rompe el clima de cordialidad y amistad" entre ambos países. Sus ministros anunciaron que se tomarán "las medidas que sean necesarias" para defender a la compañía .Lo calificaron como una acción "hostil" y "discriminatoria" ya que "se anunció una ley de nacionalización pero solo se adoptan medidas con respecto a Repsol".

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Sobre las trabas a la compra de libros importados

(AA) Parece increíble pero es cierto: si Ud. lee los diarios ya estará enterado que el secretario de comercio interior, Don Guillermo Moreno, ha puesto en ejecución una resolución del año 2010 (la número 453 de ese año) que tiene, al menos eso dice la resolución, el objetivo de proteger la salud de la población ante posibles peligros derivados del uso de productos gráficos importados (libros y revistas) por su alto contenido de plomo en las tintas. Esa es la excusa, el resultado: de una manera indirecta se traba o dificulta la entrada en el país de libros importados. Reproducimos un artículo publicado en La Nación sobre este asunto.

(La Nación) Las restricciones al ingreso de libros y revistas impuestas por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, provocaron una fuerte polémica porque obligan a los particulares que compran publicaciones en el exterior a buscarlas en Ezeiza y a editoriales y librerías a recurrir a un servicio de despachante de aduana para los pedidos inferiores a 50 kilos y 1000 dólares.

Hasta la entrada en vigor de la curiosa normativa, una persona podía comprar un libro, por ejemplo, en Amazon y el servicio de correo privado acercaba el ejemplar hasta el domicilio. Ahora el comprador deberá ir hasta Ezeiza y esperar una autorización para llevarse lo que compró. En Aduana deberían chequear que la tinta de las publicaciones no contenga cantidades de plomo superiores al 0,05 y el 0,06% en su composición química.

Nadie sabe cómo ni cuánto tiempo podría demorar ese tipo de análisis, que fueron adjudicados al laboratorio TUV Reinhald.

Desde Santa Fe, el investigador emérito del Conicet, ex titular del Parque Tecnológico Litoral Centro y docente de la UNL Alberto Cassano ya siente en carne propia el faltante de libros científicos en inglés en las librerías de todo el país. "Yo necesito esos libros para continuar mis investigaciones y recientemente, por un envío de una docena de libros que adquirí por Internet, la Aduana de Santa Fe me cobró un recargo del 50 por ciento. Terminé pagando unos 4000 pesos", comentó a LA NACION.

En este contexto, escritores e intelectuales argentinos manifestaron su preocupación por el avance de este tipo de medidas que limitan el acceso a bienes culturales.

El grupo de intelectuales de Plataforma 2012 criticó con cierta ironía la medida, al sostener que las prevenciones que aduce la Secretaría de Comercio Interior para tomar tal medida se refieren a que las tintas usadas en la impresión pueden contener más de 0,06% de plomo y que, por lo tanto, pueden ser peligrosas para la salud de la población. "Causa estupor que el mismo gobierno que acepta la utilización de sustancias químicas contaminantes en la megaminería a cielo abierto alegue ahora razones de índole sanitaria para tomar una medida tan engañosa como falsa", dijo este grupo, integrado por Beatriz Sarlo, Gabriela Massuh, Luis Felipe Noé, Maristella Svampa y Herman Schiller, entre otros. "Sería bueno escuchar qué opinan de estos acontecimientos los ministros de Educación, de Ciencia y Tecnología y el director de la Biblioteca Nacional, entre otras áreas directamente afectadas por las medidas", agregaron lo intelectuales.

El ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, calificó la medida como "inconducente" y pidió a Moreno que "reflexione" para dar marcha atrás con las limitaciones, al opinar que "estamos en un límite muy complicado".

Consultada por los efectos de la normativa, la gerenta de la Cámara Argentina del Libro, Diana Segovia, dijo que la nueva disposición es "fuerte porque afecta a los particulares; en el comercio grande es relativamente poco el impacto pero en la percepción es enorme porque ahora un particular no puede recibir su libro o revista como siempre", expresó a LA NACION. En esa Cámara, de todos modos, relativizaron los efectos negativos de las nuevas exigencias comerciales porque las grandes editoriales firmaron un convenio con Moreno para poder importar en la posición arancelaria 4901 a cambio de que también se hagan exportaciones.

La escritora María Rosa Lojo no dudó en calificar esta medida de "mala noticia". "Para quienes nos movemos en el mundo de la letra impresa es una mala noticia, en tanto afecta directamente a los pequeños compradores y consumidores. Obligar a concurrir a Ezeiza personalmente a un escritor o un investigador que ha adquirido por Amazon un libro o una revista académica no va a solucionar el problema de la balanza comercial, y sí va a entorpecer, en cambio, el desarrollo de una investigación que necesita los libros como insumos", opinó.

Por su parte, Leila Guerriero, periodista y autora, se preguntó por las consecuencias prácticas de esta medida. "¿Los suscriptos a revistas extranjeras tendrán que peregrinar una, dos o tres veces por mes a Ezeiza a retirar ejemplares?" Guerriero recibe varios envíos por mes de libros y revistas: "Lo que antes era expectativa ahora será un regalo envenenado: nadie dispone del tiempo (ni de los recursos) para hacer un viaje caro, largo, que tomará horas. Las consecuencias son claras: recibir libros empezará a ser un problema", dijo.

POSTERGAN EL ACUERDO CON TARINGA!
El acuerdo que iba a rubricar ayer la Cámara Argentina del Libro con el sitio Taringa! para frenar la piratería de textos en Internet fue postergado por una reunión sobre las limitaciones en la compra de libros al exterior. El convenio será firmado por ambas partes en los próximos días. "Es un acuerdo para trabajar en dar de baja del sitio contenidos con derecho de autor protegidos; es un servicio para proteger a las editoriales y los autores", dijo la gerenta de la Cámara, Diana Segovia. Aunque Segovia no lo mencionó, las editoriales accederían a desistir de las demandas judiciales contra Taringa!.

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Reforma de la Carta Orgánica del BCRA: manotazo de ahogado

Por Alejandro Viggiano

(AA) Sin mayores inconvenientes en los recintos de ambas cámaras, el Gobierno logró que sean ley las modificaciones introducidas a la Carta Orgánica del BCRA. ¿De qué se trata dicha modificación? ¿en que nos beneficia o perjudica?

Según el Gobierno y lo que va ha quedar plasmado en la letra, el BCRA ya no solamente se va ha tener que ocupar de preservar el valor de la moneda nacional sino que, además, se va a encargar de que la economía sea productiva, con inclusión social y generación de empleo.

Pero antes de pasar a ver cual es la verdadera causa de esta modificación, tomemos nota de algunos datos curiosos y otros no tanto.

Por un lado, con está modificación el actual gobierno está poniendo en tela de juicio la normativa del gobierno anterior que estaba vigente, o sea, el de preservar la moneda como anotamos arriba. ¿Y cuál era ese gobierno anterior? Ni más ni menos que el de Néstor Kirchner.

En otro aspecto, el potencial incremento que el Central le haría al Tesoro ($50.000 millones), que según la presidente del BCRA Mercedes Marcó del Pont representaría un 3% del PBI y hasta podría trepar al 4,5% del PBI, no da un buen panorama para que la inflación siga haciendo gala de sus presentaciones en nuestros bolsillos.

Esta historia no es nueva dado que la Carta Orgánica vigente hasta 1992, permitía al Tesoro fondearse con recursos del BCRA hasta un 15%, y como más de un argentino sabrá, todo ello llevo a la hiperinflación.

Una última anotación antes de pasar al objetivo y a las causas que tiene el gobierno con está medida es que el BCRA jamás cumplió con el único objetivo que tenía, que es el de preservar el valor de la moneda.

Cualquier argentino sabe que los $100 de ayer no son los mismos $100 de hoy, basta con ir al supermercado.  Ejercitando un poco la memoria recordaremos que con $100 hace unos años atrás se llenaba el changuito, hoy no alcanza ni para llenar una bolsita.

Inclusive se podría tomar el Indec K de Moreno para llamar la atención al Central por no cumplir con su único objetivo.
Ahora bien sino cumplió con un objetivo, ¿podrá con dos?

Las verdaderas razones por la que modifican la Carta Orgánica del BCRA

La razón que llevó al Gobierno K a modificar la Carta Orgánica del BCRA es que la Argentina tiene cerrado el crédito en el exterior. Según la presidente Cristina de Kirchner ésto es debido a la crisis internacional, lo cual no es cierto porque otros países de la región se están financiando a plazos superiores a los 20 años y con tasas que no superan el 5% anual.

Además, el Gobierno ya ve venir (con un poco de retardo) no solamente la crisis internacional sino la crisis local, aunque en este último caso se deba decir en voz baja.

¡Qué produce toda crisis importante? Una baja en la recaudación impositiva, que según las estimaciones de la misma Casa Rosada sería de $25.000 millones. ¿Y los otros 25.000 para que lo necesitaría el gobierno?: elecciones legislativas 2013, en las que el gasto público se incrementa en forma sideral.

En síntesis y con toda seguridad, el BCRA tampoco cumplirá con este objetivo que le esta imponiendo el Gobierno y el ahorro de los argentinos una vez más será despilfarrado.

El autor es contado público.

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El Gobierno tiene cada vez menos controles externos

(AA) El 20 de Febrero el diario La Nación publicó una nota sobre la inacción o inactividad forzada de los organismos de contralor del estado. Tanto la Defensoría del Pueblo, La sindicatura General de la Nación, como la Oficina Anticorrupción se encuentran prácticamente inactivas. De igual manera la Fiscalía de Investigaciones Administrativas lleva tres años vacante. Y el Estado Nacional sigue siendo un refugio de forajidos. A continuación la nota:

(La Nación) Son organismos clave que tienen a su cargo controlar las cuentas públicas, revisar la actuación de los funcionarios nacionales y detectar casos de corrupción. Pero, lejos de funcionar como inspectores aguerridos del cumplimiento de la ley, están hoy en crisis o al borde de la parálisis.

La Defensoría del Pueblo, que debe proteger a los ciudadanos de los abusos de los gobernantes, y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), llamada a perseguir delitos y faltas de los funcionarios, atraviesan una situación muy parecida: llevan casi tres años acéfalas, perdieron toda visibilidad pública y abandonaron, sin disimulo, su intervención en los casos sensibles para el poder. En la Auditoría General de la Nación (AGN), máximo responsable de vigilar cómo se usan los fondos públicos, el futuro es incierto. Su presidencia está en manos del partido opositor con mayor representación parlamentaria (la UCR), pero el radicalismo anunció la semana pasada la salida de su titular, Leandro Despouy, autor de varios informes que cuestionaron al poder en la última década. Presionada por toda la oposición y también internamente, la UCR dio marcha atrás con la decisión, que quedó en suspenso.

"Más allá de la buena tarea de Despouy, la AGN depende del Congreso, y allí el control no es una prioridad. Esto erosiona erosiona su tarea", señaló a LA NACION Alvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

En los organismos de control interno de la Administración Pública (los que dependen del Poder Ejecutivo) el panorama no es más alentador.

La Sindicatura General de la Nación (Sigen) retiró de su página de Internet la publicación de todos los informes de control del Gobierno y se enfrentó con la AGN cuando se negó a brindarle más de 300 expedientes, un caso que terminó en la Justicia con un fallo en contra de la Sigen.

El otro contralor interno es la Oficina Anticorrupción (OA), desde 2009 en manos del dirigente kirchnerista Julio Vitobello. La OA había perdido poder desde antes, cuando el entonces ministro Aníbal Fernández hizo que sólo fuera posible iniciar investigaciones o pedir información a otro organismo con la firma del titular de la oficina.

"La OA tiene dos funciones: prevenir e investigar, y la segunda tarea no la cumple. No la vemos como querellante en las causas de corrupción que involucran a esta gestión, y durante otros gobiernos sí lo hacía", apuntó Hernán Charosky, director ejecutivo de Poder Ciudadano, dedicada a promover la transparencia.

Creados en la reforma constitucional de 1994, la figura y el perfil del defensor del Pueblo cambiaron desde que se fue su último titular, Eduardo Mondino, en abril de 2009 (ver aparte). Su desaparición de la escena pública se nota especialmente ahora, con el incremento de las tarifas y la quita de los subsidios de los servicios públicos.

Durante sus diez años de gestión, Mondino había impugnado las renegociaciones de los contratos de servicios públicos y presentado amparos contra los aumentos de transportes y servicios. Fue designado por la Corte Suprema para monitorear la limpieza del Riachuelo, que él había reclamado, y pidió un fallo colectivo que igualara a todos los jubilados con el fallo Badaro.

Cuando se fue, quedó a cargo de la Defensoría el adjunto primero, Anselmo Sella, un peronista cordobés que había llegado con Mondino, pero que bajó el perfil mediático del organismo y evita confrontar con el Gobierno. Su estrategia fue correrse de los grandes temas nacionales y provincializar el organismo, abriendo sedes en todo el país, que se ocupan de los problemas locales. "Antes la Defensoría tenía un perfil político, ahora mantenemos nuestra independencia", explicó Sella.

Atribuciones recortadas

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas también cumplirá tres años vacante. En marzo de 2009, su entonces titular, Manuel Garrido (hoy diputado por la UCR), denunció que el procurador Esteban Righi le había recortado sus atribuciones para investigar la corrupción y renunció.

Garrido había impulsado causas penales de alta trascendencia política, como los presuntos sobornos de Skanska, la manipulación de los números del Indec, el llamativo incremento patrimonial de Ricardo Jaime y el supuesto enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner.

Desde su renuncia, su cargo fue cubierto por un subrogante, Guillermo Noailles, a quien no se le conoce denuncia alguna contra funcionarios de alguna jerarquía. El organismo ya no publica en Internet sus denuncias y su último informe de gestión anual disponible es de octubre de 2010.

La actuación más conocida de Noailles fue en el caso que investigaba el incremento del patrimonio de los Kirchner durante 2008, cuando los bienes declarados por el matrimonio presidencial aumentaron 28 millones de pesos (ver aparte).

El juez federal Norberto Oyarbide cerró la causa con una celeridad pocas veces vista y Noailles decidió no apelar, pese a que un informe de peritos contadores de la FIA le había advertido sobre 25 inconsistencias en lo declarado por los Kirchner.

"Asistimos a un lento declinar de estas agencias. Que treinta años después de haber recuperado la democracia sigamos pensando que el voto es la única forma de controlar al Gobierno es de una pobreza institucional llamativa", dijo a LA NACION Gustavo Maurino, uno de los directores de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Para Herrero, no hay "una visión estratégica de la importancia de los organismos de control y el efecto va a ser duradero, más allá de este gobierno, porque revertir esta cultura en las agencias estatales es costoso".

En opinión de Charosky, el problema es que la dirigencia no ve los organismos de control como patrimonio del Estado y de la sociedad. "La oposición cree que es una herramienta de acción política y el Gobierno busca neutralizarlas para que no molesten su discrecionalidad, cuando lo que deberían buscar son acuerdos mínimos para hacer un esquema de controles común."

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The Economist: "No me mientas, Argentina"

(AA) La prestigiosa revista económica The Economist acaba de anunciar que eliminará de sus estadísticas económicas los datos del INDEC. Parafraseando a "Don´t cry for me Argentina" (no llores por mi Argentina), tituló el anuncio: "Don´t lie for me Argentina": no me mientas, Argentina. Traducimos abajo la nota. Las imágenes son las utilizadas por The Economist para ilustrar el artículo.

 

Imagínese un mundo sin estadísticas. Los gobiernos estarían a tientas en la oscuridad, los inversores perderían dinero y los electores tendrían que esforzarse para obligar a sus líderes políticos a rendir cuentas. Esta es la razón por la que revista The Economist publica más de 1.000 números cada semana, en cuestiones tales como producción, precios y empleo, a partir de una serie de países. No podemos estar seguros de que todos estos números son dignos de confianza. Las oficinas de estadística varían en su sofisticación técnica y capacidad de resistir la presión política. Los números de China, por ejemplo, pueden ser poco fiables, Grecia reportó un déficit subestimado, con consecuencias desastrosas. Sin embargo, en general, los técnicos estadísticos de los gobiernos llegan a sus números de buena fe.

Hay una clara excepción. Desde 2007 el Gobierno de Argentina ha publicado números de inflación que casi nadie cree. Estos muestran precios que han aumentado entre un 5% y el 11% por año. Los economistas independientes, las oficinas provinciales de estadística y las encuestas de expectativas de inflación han estimado una tasa de inflación que es más del doble de la cifra oficial (ver artículo). El gobierno a menudo ha otorgado aumentos salariales a los sindicatos de ese orden.

Lo que parece haber comenzado como un deseo de evitar malos titulares en un país con una historia de hiperinflación, ha llevado a la degradación del INDEC, el que fuera uno de los mejores institutos de estadística de América Latina. Sus instalaciones están cubiertas de carteles de apoyo a la presidente Cristina Fernández de Kirchner. Personal con mentalidad independiente fue reemplazado por los autodenominados "Cristinistas". En un abuso extraordinario de poder por un gobierno democrático, los economistas independientes se han visto obligados a dejar de publicar sus propias estimaciones de la inflación por las multas y las amenazas de enjuiciamiento. Precios mal informados han engañado a los tenedores de bonos indexados por la inflación por miles de millones de dólares.

No vemos ninguna perspectiva de un rápido retorno a números creíbles. El Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien dirigió el asalto al INDEC, sigue siendo uno de los asesores más cercanos de la presidente. El FMI ha "tomado nota" de que la Argentina está fallando en su obligación de proporcionar datos fiables, y se formularon recomendaciones y se establecieron fechas límites a los plazos establecidos para mejorar eso. Sin embargo, cuando la Argentina no lo tiene en cuenta, el fondo se limita retorcer sus manos, se lamenta por la "falta de progreso" y débilmente establece un nuevo plazo.

En el año 2010 añadimos una nota de pie de página de precaución en nuestros cuadros estadísticos. A partir de esta semana, hemos decidido abandonar las números del INDEC por completo. Estamos cansados de ser cómplices involuntarios de lo que parece ser un intento deliberado de engañar a los votantes y estafar a los inversores. Para los precios al consumidor de Argentina vamos a utilizar en su lugar los datos de PriceStats, un especialista en la inflación, que produce datos de 19 países que son publicados por State Street, una firma de servicios financieros. Si hubiéramos optado por una de las oficinas provinciales de estadística que todavía siguen generando datos fiables, tememos que se hubieran visto sometidas a presiones del gobierno. Uno de los mejores analistas independientes del país, nos hizo una generosa y valiente oferta de sus datos contrariando a sus asesores jurídicos y con la condición de ocultar el origen y ligeramente disfrazar los números. Eso pudo haber generado confusión.

PriceStats tiene su sede en los Estados Unidos, más allá del alcance del gobierno argentino. Los cantidad de precios en línea en que se basa su índice son a prueba de falsificaciones. Argentina dirá, sin lugar a dudas, que mide el consumo de los ricos en lugar de los pobres, que no pueden comprar en línea. Pero los métodos de PriceStats se basan en investigaciones sólidas de expertos y han demostrado ser un complemento impresionante para las cifras oficiales (confiables) en países como Brasil y Venezuela.

Esperamos que pronto podamos volver a un índice de precios al consumidor oficial para la Argentina. Para ello sería necesario que el INDEC sea administrado por personal estadístico independiente que trabaje sin obstáculos. Hasta entonces, los lectores estarán mejor informados por una cifra no oficial creíble que por una cifra oficial falsa.

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